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A partir del 2 de diciembre, España exigirá a los turistas que faciliten información personal detallada cuando se registren en hoteles o empresas de alquiler a corto plazo, e incluso cuando alquilen un coche.
El gobierno español ha declarado que el terrorismo y la delincuencia organizada son las razones de esta normativa más estricta. Mediante el control de los visitantes y el cruce de datos con bases internacionales, las autoridades pretenden proteger a los ciudadanos de las actividades delictivas transnacionales.
Por primera vez, la nueva normativa española (bautizada como «Registro de Viajeros») incluye plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb. Al igual que los hoteles, estas propiedades ahora deben recopilar información personal de los huéspedes.
Los turistas mayores de 14 años deben facilitar información detallada, incluidos los números de pasaporte, el sexo, los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. En total, hay 31 nuevos datos que los turistas deben revelar, todos ellos para mejorar la responsabilidad y la seguridad en toda España.
Aunque los menores de 14 años están exentos de facilitar directamente sus datos, los adultos acompañantes deben revelar su relación con estos niños. Así se garantiza un seguimiento exhaustivo de todos los miembros de la familia que viajen juntos.
En muchos alojamientos, los turistas tendrán que rellenar formularios físicos con sus datos personales. Este proceso manual podría ralentizar el registro, ya que el personal introduce manualmente la información de los pasaportes en los sistemas informáticos.
Es posible que las reservas realizadas a través de intermediarios como Airbnb o Booking.com no cumplan automáticamente la nueva normativa española. Las normas de privacidad impiden a estas plataformas compartir todos los datos personales requeridos directamente con los alojamientos.
La normativa más estricta se extiende también al alquiler de coches. Los turistas que alquilen vehículos tendrán que facilitar la misma información personal detallada que para el alojamiento, incluidos los datos del pasaporte y la información de contacto.
A pesar de los rumores, el gobierno español no ha obligado a los turistas a revelar sus saldos bancarios. Es posible que se registren métodos de pago como los datos de las tarjetas de crédito, pero no hay indicios de que los viajeros deban revelar su información financiera.
Los proveedores de alojamiento deben informar de los métodos de pago de los turistas, ya sea a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito o transferencias bancarias. Este requisito no implica compartir datos bancarios sensibles como saldos de cuentas o historiales de transacciones.
La nueva normativa responsabiliza a los alojamientos de la recogida de datos, no a los turistas. Solo se impondrán multas a los proveedores que no recojan la información requerida.
Muchos viajeros se han preocupado por cómo almacenarán y protegerán los alojamientos la información sensible. La ley obliga a los proveedores a conservar los datos de los huéspedes durante tres años, lo que suscita preocupación por posibles usos indebidos o filtraciones de datos durante este largo periodo.
La mayoría de los alojamientos subcontratan la gestión de datos a empresas especializadas. Este enfoque minimiza los riesgos de que los datos sensibles se almacenen indebidamente.
Las leyes españolas de recogida de datos no son nada nuevo. De hecho, están en consonancia con futuros sistemas como el ETIAS, que se implantará en toda la Unión Europea y exigirá a los turistas que presenten datos personales completos antes de que se les permita entrar en Europa.
Los ciudadanos británicos que visitan España se enfrentan a normas más estrictas como «nacionales de terceros países». Estas normas incluyen requisitos de prueba financiera y un escrutinio adicional.
Aunque técnicamente los viajeros británicos deben demostrar que disponen de 1.080 dólares (850 libras) para nueve días, no hay casos documentados que sugieran que se haya aplicado esta norma. En cuanto a las familias que viajan a España, en teoría deben demostrar que disponen de más de 6.340 dólares (5.000 libras) para una estancia de dos semanas.
Los turistas extranjeros han llegado a comparar la nueva legislación con el personaje de ficción Gran Hermano de la novela distópica de George Orwell «Diecinueve Ochenta y Cuatro» (1949). En la novela, el Gran Hermano es un dictador que vigila incesantemente todas las actividades del imperio para mantener un control estricto.
La nueva legislación que entrará en vigor a principios de diciembre puede suponer la ruina para muchas pequeñas empresas basadas en el turismo. Muchas de estas empresas, a menudo dirigidas por un solo empleado, tendrían dificultades para adaptarse a las nuevas normas.
Según los escépticos, incluso el sistema central en línea utilizado para cargar los datos de los turistas está plagado de fallos. La plataforma se ha considerado «irrisoria», a pesar de que el Gobierno afirma que está plenamente operativa desde enero de 2023.
Los expertos del sector creen que la nueva legislación también podría afectar a los bolsillos de los clientes. A medida que las empresas se vean sometidas a mayores presiones, podrían aumentar sus costes para poder adaptarse a horarios de trabajo más amplios o a contrataciones adicionales. Esto no sólo afecta a los turistas, sino también a los residentes locales.
La principal asociación hotelera española, Cehat, se ha opuesto a la nueva ley presentando un recurso judicial contra ella. La asociación afirma que estas nuevas obligaciones podrían, de hecho, incumplir el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
Si declaran que España es responsable de incumplir el Reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos, podría recibir una multa superior a los 31.700 dólares (30.000 euros) propuestos.
Desde que se anunciaron estos cambios, los comentarios en Internet han llamado al boicot del turismo español y muchos de ellos han enumerado países alternativos para visitar.
Pero tal vez los residentes deseen una disminución del turismo. Recientemente, se celebraron una oleada de protestas contra el turismo en todo el país. Es difícil encontrar vivienda asequible en las principales ciudades españolas, ya que los alojamientos están cada vez más dirigidos a los viajeros.
Por ejemplo, en Barcelona hubo una protesta que alcanzó las 22.000 personas, muchas de las cuales iban armadas con pistolas de agua y exigían que los turistas se fueran a casa.
Para contrarrestar el exceso de turismo desenfrenado, algunas ciudades españolas (como Málaga) se han planteado imponer tasas turísticas que ascienden a unos 3 dólares por día de estancia y viajero. Estos precios fluctuarían en función de la temporada alta o baja.
La normativa española refleja una tendencia mundial creciente hacia una mayor transparencia en los viajes. Aunque las medidas pretenden mejorar la seguridad, también plantean cuestiones importantes sobre la privacidad y el futuro del turismo internacional.
Fuentes: (The Independent) (GB News) (Metro UK) (Encyclopedia Britannica)
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